El objeto de este procedimiento es conceder autorizaciones en relación con el uso del fuego y quemas en la isla de Gran Canaria

Los ciudadanos interesados en la quema de restos agrícolas o forestales en suelo rústico. Y la solicitud puede ser realizada tanto por los propietarios de la finca en cuestión, como por las personas autorizadas por éstos para la realización de la quema

La solicitud debe ser presentada con, al menos, 10 días de antelación a la fecha prevista para la realización de la quema, y se puede presentar en cualquier época del año.

• Los destinatarios del procedimiento son los agricultores, propietarios o trabajadores de fincas forestales y pastores que quieran realizar una quema en suelo rústico en la isla de Gran Canaria

• El requisito que deben cumplir los interesados para iniciar el procedimiento consiste en ser propietarios de la finca o explotación agrícola o forestal, o estar debidamente autorizados por éstos

Puede descargar el procedimiento en el siguiente enlace:

• Ficha de procedimiento.

• Ley 43/2003, de 21 de Noviembre, de Montes.
• Decreto 60/2014, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA).
• Decreto 146/2001, de 9 de julio, por el que se regula la prevención y extinción de incendios forestales.

La instancia puede ser descargada de la web y se puede presentar en cualquiera de los Registros oficiales indicados en el apartado relativo a "Iniciar", así como a través de la Sede Electrónica de este Cabildo.

El interesado deberá aportar toda la información solicitada en la instancia, con el fin de lograr la mayor agilidad en la tramitación del procedimiento, pues la falta de los datos requeridos puede suponer la suspensión del procedimiento durante la subsanación de errores de su solicitud.

• Solicitud de quema en Finca Agrícola o Forestal.

• Presencial
• Sede

Puede presentar la documentación de manera telemática o presencial.

• Telemática (Obligatoria para los sujetos incluidos en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas)

A través de:

1. Nuestra Sede electrónica. Para presentar la solicitud y documentación por Internet, a través de una sede electrónica, es necesario disponer de DNI electrónico o de uno de los certificados electrónicos reconocidos. Si existiera un formulario específico para el trámite que va a realizar, debe hacer uso del mismo. Puede consultar todas las anotaciones de entrada (presencial o electrónicas) a través de la carpeta ciudadana que se encuentra en nuestra Sede electrónica. También puede comprobar la autenticidad de los justificantes de registro electrónico mediante el Código Seguro de Verificación (CSV) que aparece en el mismo, utilizando el servicio de Verificación de documentos. 
2. La Sede electrónica de la AGE. Si existieran problemas técnicos en nuestra Sede electrónica podrá usarse la de la AGE o, también, si no existiera formulario a través del cual pueda realizar el trámite que necesite.
3. En el caso del Sector Público, si no existiera formulario espécifico para el trámite que necesite en nuestra Sede electrónica, puede realizarlo a través de su Registro Electrónico, siempre que esté integrado en el Sistema de Interconexión de Registros (SIR).

• ​Presencial (Para las personas físicas no obligadas a presentar las solicitudes de forma telemática, en base al artículo 14.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas)

  • En nuestras oficinas (Registro General (OIAC) y Registros Desconcentrados del Cabildo), debe solicitar  CITA PREVIA. En el siguiente enlace se encuentran los datos de contacto de cada una de ellas:
    • Oficina de Información y Atención Ciudadana 
    • Agencias de Extensión Agraria
    • Asesoría Jurídica
    • Servicio de Transportes
    • Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca
  • Así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos del Sector Público (Administración General del Estado, Administraciones de las Comunidades Autónomas, entidades que integran la Administración Local y Sector Público Institucional).
  • En las oficinas de Correos, en la forma reglamentariamente establecida.
  • En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.
  • En las oficinas de asistencia en materia de registro.
  • En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

 Artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

1. Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier momento.
2. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos:

a) Las personas jurídicas.
b) Las entidades sin personalidad jurídica.
c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.
d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.
e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración.

Titular de la Consejería de Medio Ambiente.

Titular de la Consejería de Medio Ambiente.

La solicitud puede ser estimada o no en razón del riesgo que impliquen.

Cuando la autorización sea concedida, los interesados deberán cumplir las normas previstas y los condicionantes que en cada caso fije el Cabildo Insular, en lo referente a las medidas de seguridad a tomar. No obstante, la autorización podrá ser suspendida temporalmente si condiciones meteorológicas adversas sobrevenidas desaconsejasen la ejecución de la actividad en la fecha prevista, lo que podrá ser comunicado por el órgano autorizante del Cabildo Insular al propio interesado.

Es importante tener en cuenta que las quemas de rastrojos quedan suspendidas, estando prohibida su realización, en Época de Alto Riesgo de Incendio, que corresponde a los meses de julio, agosto y septiembre.

En principio, si el fuego sale de su control los daños producidos serán responsabilidad del solicitante autorizado, salvo casos concretos en que se demuestre lo contrario.

La falta de notificación de la resolución expresa en el plazo de cuarenta y ocho horas antes de la fecha prevista para la actividad, tendrá efectos desestimatorios.

La autorización se otorga con un plazo de vigencia de cinco años.

• Recurso potestativo de reposición, ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de UN MES contado a partir del día siguiente a la notificación o publicación, si el acto fuera expreso; o TRES MESES a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto, conforme a lo establecido en el art. 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

• Recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional en el plazo de DOS MESES contados desde el día siguiente a la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso; si no lo fuera, el plazo será de seis meses y se contará a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto; según dispone el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.